Los recursos naturales del Putumayo han sido poco visibilizados por el Estado como víctimas del conflicto armado, pues los documentos de la Mesa de Conversaciones en la Habana reflejan que el componente ambiental no es un punto clave en el Acuerdo de Paz. Esto es lo que explican Jeniffer Martínez y Carlos Vergara en el texto “Conflicto armado, posconflicto con las FARC-EP y medio ambiente en Colombia. Una mirada coyuntural al departamento del Putumayo”. La limitada intervención del Estado a la hora de hablar sobre los recursos naturales pone en tela de juicio su posición respecto al resguardo del medio ambiente. Cabría examinar lo siguiente: ¿el Gobierno Nacional ha buscado la protección de los recursos naturales para asegurar la paz en el posconflicto? Efectivamente, el Gobierno Nacional ha recibido propuestas para implementar la protección de recursos naturales, sin embargo, estas no se han visto plasmadas en la vida práctica. Teniendo en cuenta el texto “La Paz Ambiental” de César Rodríguez Garavito, Diana Rodríguez Franco y Helena Durán Crane, buscaré evidenciar que es tarea del Gobierno implementar programas de reparación colectiva con enfoque ambiental, para imponer mecanismos de protección al medio ambiente y para la no repetición del conflicto.
En la investigación “La paz ambiental” César, Diana y Helena mencionan que no es suficiente un señalamiento de los responsables del daño causado al medio ambiente en el conflicto; también, sostienen que se requiere de un evidente fortalecimiento institucional, una regulación integral y una participación activa tanto de las comunidades como de las entidades territoriales. Todo lo anterior se da con el fin de promover la protección y restauración ambiental causada por el conflicto, Rodríguez y Durán destacan lo siguiente:
La implementación de una paz con enfoque territorial y ambiental exige una definición clara de las competencias de las diferentes instituciones en materia ambiental, y de la forma en que estas competencias se armonizan con las de otros sectores. La falta de coordinación por parte del Ministerio de Ambiente también contribuye a la debilidad del sector (Rodríguez et. al. 92).
Es decir, los autores soportan que el Gobierno ha abierto espacios para la planeación y creación de eventos de materia ambiental, sin embargo, estos se han quedado atascados en el papel, ya que carecen de una implementación coordinada en la vida práctica. La falta de participación del Gobierno en el ámbito ambiental perjudica gravemente la posible implementación de nuevas políticas para la protección de los recursos naturales a corto, mediano y largo plazo. Además, el limitado control y la poca presencia del Gobierno Nacional en las zonas remotas de altos recursos naturales refleja que no considera al medio ambiente como víctima de la actividad ilícita de los grupos al margen de la ley en zonas frondosas.
Ahora bien, se puede argumentar que el Gobierno Nacional está comprometido con la protección ambiental. Martínez y Vergara expresan en su texto que el Gobierno considera necesaria la creación de alternativas que permitan compensar y proteger áreas estratégicas para asegurar el equilibrio entre el medio ambiente, el bienestar y el buen vivir. Pablo Vieira Samper, viceministro de ambiente y desarrollo sostenible entre 2013 y 2016, reconoció al medio ambiente como víctima del conflicto armado. Esto incentivó a que, en el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional estableciera la creación de programas de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, el cual incluye la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del Plan de Zonificación Ambiental. El Gobierno Nacional también propuso como objetivo la convivencia pacífica sin necesidad de acudir a la deforestación (Martínez y Vergara 27), visibilizando el compromiso con la protección del medio ambiente. El Gobierno empezó con la suspensión de la aspersión con glifosato para erradicar cultivos ilícitos. En segundo lugar, se crearon zonas de reserva campesina. Por último, para recuperar los bosques, se crearon programas de producción silvopastoril, un método que trata de sembrar árboles en el mismo territorio en el que se practica la ganadería, con el fin de mejorar la crianza de ganado y la preservación ambiental. Por lo tanto, el Gobierno Nacional, al momento del Acuerdo de Paz, muestra compromiso con el componente ambiental, ya que lo considera vital para la desintegración de grupos armados.
No obstante, el primer punto, “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, del Acuerdo Final Firmado, menciona que la RRI busca la participación de las comunidades y organizaciones rurales para establecer el uso y los derechos de las tierras que han sido víctimas de los grupos armados. Cada región se debe elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional acorde a las necesidades específicas de las regiones (Mesa de conversaciones Gobierno – FARC-EP 20). Así, el Estado, de manera sutil, cede su responsabilidad de elaborar planes de acción para la protección del medio ambiente, puesto que requiere de la colaboración de instituciones y comunidades para saber de qué manera intervenir en las diferentes zonas. Esta decisión acredita que las necesidades de protección de los recursos naturales varían de acuerdo a la zona; sin embargo, no es razón para que las propuestas que se han puesto sobre la mesa no se lleven a cabo. La no implementación de políticas ambientales y la falta de control de las actividades en estas zonas da puede dar lugar al resurgimiento del conflicto (es decir, los grupos armados pueden seguir habitando en zonas remotas y frondosas, y pueden seguir explotando los recursos naturales, ya sea agua, petróleo u oro debido a la poca presencia del Gobierno) y al desplazamiento de comunidades, por ende, la creación de problemas sociales y económicos de gran magnitud. Para evitar la continuación del conflicto, las crisis sociales y económicas y la explotación en zonas frondosas, el Gobierno Nacional debe agarrar el timón en el componente ambiental, implementar políticas sostenibles y asegurar a las comunidades rurales la recuperación y preservación de los recursos; también, es necesaria la participación de las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente para registrar y controlar las actividades y poder solidificar la recuperación social, ambiental y económica en estas regiones. De otra forma, los grupos armados seguirán habitando zonas ricas en recursos naturales, estos también serán destruidos, no se recuperarán y las consecuencias sociales y económicas persistirán a largo plazo.
Recapitulando lo expuesto anteriormente, Martínez y Vergara exponen las propuestas del Gobierno Nacional para resguardar el medio ambiente al considerarlo víctima del conflicto armado, como detener la aspersión de glifosato o la implementación de ganadería pastoril. Sin embargo, el Acuerdo Final menciona que el Gobierno cedió a las comunidades la responsabilidad de crear planes de acción, ya que tienen mayor alcance para identificar las necesidades que los diferentes recursos naturales requieren. Aun así, las propuestas ambientales que se han traído a colación no se han visto implementadas en la vida práctica, lo cual puede dar lugar al resurgimiento del conflicto en zonas remotas y frondosas por la poca presencia y el poco control del Gobierno. Finalmente, el Gobierno debe tomar responsabilidad y mando de la implementación eficiente de políticas ambientales, no solo para la no repetición del conflicto, sino para asegurar el restablecimiento social y económica, y la preservación del entorno natural afectado por la guerra a largo plazo. Además, como autoridad suprema, el Gobierno debe velar por los derechos de todas las personas y de la biodiversidad que Colombia encierra, pues el medio ambiente también asegura una vida digna a las futuras generaciones y permite el desarrollo saludable de la fauna y flora en todas sus formas.
Bibliografía
César Rodríguez, et al. “La Paz Ambiental: Retos y Propuestas Para El Posacuerdo.” En: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, vol. 124, 2012, pp. 92-101, https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_924.pdf
Martínez, Jeniffer Natalia, y Carlos Vergara. “Conflicto Armado, Posconflicto Con Las Farc-Ep Y Medio Ambiente En Colombia. Una Mirada Coyuntural Del Departamento De Putumayo.” Revista Estudiantes, Fac.Cien.Econ, vol. 1, no. 1, 2016, pp. 19–30, https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/CREFCE/article/viewFile/3270/2840
Mesa de conversaciones Gobierno – FARC-EP. “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. En: La Habana, Cuba. 2016. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf
